Tras el anuncio del Gobierno nacional de iniciar una revisión integral del funcionamiento y la legalidad de los sistemas de fotodetección en Colombia, volvió al centro del debate una pregunta de fondo: ¿las fotomultas realmente contribuyen a prevenir siniestros viales o pueden terminar convirtiéndose en mecanismos de recaudo?
"La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde", afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, luego de que se confirmara la medida.
La controversia tomó fuerza por la situación en el corredor Barranquilla-Cartagena, donde fueron autorizados tres nuevos puntos de control, que llevarían de cuatro a siete los dispositivos de fotodetección en esta vía. Los nuevos puntos están ubicados en sectores como Playa Mendoza, el Sombrero Vueltiao y por el Volcán del Totumo.
La ministra consideró excesivo el número de dispositivos en este corredor y pidió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de los tres nuevos puntos.
https://twitter.com/elsanoguerabaq/status/2090753850256830527
El caso rápidamente trascendió el ámbito regional. El presidente Abelardo De La Espriella respaldó la decisión de su ministra y pidió revisar el funcionamiento y la legalidad de las fotomultas en todo el país, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte.
Además, De la Espriella puso el foco en los casos en los que puedan existir irregularidades, abusos o sistemas diseñados con fines meramente en el recaudo. La instrucción es establecer si los dispositivos cumplen con las condiciones técnicas y legales exigidas y si su operación responde al objetivo de mejorar la seguridad vial.
La polémica de la Vía al Mar, sin embargo, no surgió de manera aislada. Desde mayo, la Superintendencia de Transporte adelanta una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones.
La investigación incluye organismos de tránsito de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena y Bucaramanga, entre otras.
Según el Ministerio de Transporte, estos organismos impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas de detección electrónica. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados, lo que representa un recaudo superior a $1,05 billones.
Pero la cifra que concentra buena parte de la atención corresponde a los comparendos que todavía no habían sido cancelados. De acuerdo con el Gobierno, 5.832.906 deberán ser revocados de oficio debido a las irregularidades detectadas en la operación de los sistemas.
La investigación también identificó problemas relacionados con los conceptos de desempeño que deben cumplir estos dispositivos. Según la información oficial, 12 organismos comenzaron a operar sin contar con el concepto requerido, siete utilizaron conceptos expedidos a terceros y 18 los obtuvieron después de haber iniciado operaciones.
Y es que el volumen de comparendos involucrados también pone sobre la mesa el impacto económico de la investigación.
Los 37 organismos de tránsito recaudaron más de $1,05 billones por las sanciones que ya fueron pagadas. Si eventualmente se determina que esos recursos deben ser devueltos y, además, se aplican sanciones equivalentes al doble de esa suma, el impacto económico podría superar los $2,1 billones, según las cifras entregadas por el Ministerio de Transporte.
Se trata, sin embargo, de un escenario eventual. No significa que actualmente exista una orden general para devolver ese dinero,pues las investigaciones deberán establecer las responsabilidades y las medidas que correspondan en cada caso.
La revisión anunciada por el Gobierno también pone bajo la lupa la expansión que han tenido estos sistemas en los últimos años.
Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial citados por El Tiempo, desde 2018 se han autorizado 1.339 dispositivos de detección electrónica en el país, aunque no todos se encuentran actualmente en funcionamiento. De acuerdo con ese reporte, 356 están activos en 20 departamentos.
Las autorizaciones han aumentado especialmente en los últimos años: fueron 44 en 2022, 95 en 2023, 125 en 2024 y 409 en 2025, el año con mayor crecimiento. Hasta el 18 de agosto de este año se habían autorizado otros 131 dispositivos.
En particular, la capital del país concentra una parte importante de estos sistemas, seguida por ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Manizales. Sin embargo, existen diferencias entre algunas cifras nacionales ylas reportadas por las autoridades locales. Ahí es donde se necesita distinguir entre dispositivos autorizados, instalados y efectivamente activos.
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Es por ello que esta investigación a manos del Gobierno va más allá de determinar cuántas cámaras hay en una carretera. Se deberá establecer si estos dispositivos están ubicados y operando bajo los criterios técnicos y legales establecidos y, sobre todo, si están cumpliendo con su propósito de prevenir siniestros y mejorar la seguridad vial.
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